El panorama en el transporte de viajeros de la Comunidad de Madrid puede haber dado un giro por completo esta semana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) ha hecho públicos una serie de autos en los que estima recursos presentados por la compañía Cabify a través de distintas sociedades contra resoluciones de la Dirección de Transportes de la CAM en las que se negaron a la citada plataforma miles de autorizaciones VTC.
Esta decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM podría suponer la entrada en funcionamiento de más de 2.700 VTC en la región de Madrid.
Hay que recordar que este proceso se inició en 2018 cuando la plataforma Cabify solicitó miles y miles de VTC en Madrid. Estas fueron rechazadas entonces por no ajustarse al famoso ratio 1/30 que debía haber entre taxis y VTC. El 1/30 cayó en junio de 2023 por una sentencia europea y esa misma sentencia fue ratificada meses más tarde en nuestro país por el Tribunal Supremo. Sin esa norma en vigor, Cabify volvió a insistir en recibir esos miles de autorizaciones.
Fue entonces cuando el Supremo reconoció la legitimidad de la plataforma de movilidad de solicitar esas autorizaciones. Sin embargo, el Alto Tribunal también recordó que el simple hecho de que hubiera caído el 1/30 no implicaba necesariamente que se tuvieran que conceder a Cabify las autorizaciones. Los procedimientos de solicitud de VTC debían volver entonces a la Comunidad de Madrid.
Desde la administración regional madrileña se decidió denegar esas autorizaciones porque algunas no se ajustaban a la norma. Por ejemplo, en uno de los procedimientos, 116 de 1.000 VTCs solicitadas no se ajustaban a los requisitos formales exigidos. Por tanto y dado que ese millar de VTCs se habían pedido en una única solicitud, ésta se debía desestimar de forma íntegra.
A esto hay que añadir que la CAM se valió de la reforma de la Ley de Transportes (LOTT) que el 28 de junio de 2023 aprobó el Gobierno de España y que permitía a las administraciones denegar autorizaciones por razones de orden público o medioambiente. La CAM, al entender que se podía aplicar a estos casos esta norma, la utilizó como justificante para negar las VTC a Cabify.
Ante esta decisión Cabify volvió a elevar la negativa de la CAM ante la Justicia, que ahora ha decidido estimar sus pretensiones. El TSJM entiende que no se puede aplicar el decreto de junio de 2023 a procedimientos anteriores y, por tanto, Cabify tendría derecho a disponer de las autorizaciones VTC. Además, el tribunal tampoco está de acuerdo con la decisión de la Comunidad de Madrid de denegar la totalidad de las autorizaciones solicitadas por el hecho de que algunas no se ajusten a los requisitos formales exigidos.
