La semana pasada saltó la noticia. El Ayuntamiento de Madrid, harto de los incumplimientos de las empresas prestadoras del servicio, ha decidido poner fin a los patinetes eléctricos de alquiler y ha iniciado un procedimiento de revocación de las autorizaciones concedidas a las tres empresas que las ostentaban porque “incumplen con las condiciones establecidas en las bases de la autorización”.
En virtud de esta decisión, las compañías Lime, Dott y Tier Mobility deberán retirar sus vehículos de movilidad personal a partir del mes de octubre por incumplir con estas obligaciones. Según ha informado el propio Consistorio, las tres operadoras “han dificultado la labor inspectora del Ayuntamiento”.
Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, informó el pasado jueves 5 de septiembre sobre el decreto firmado para retirar las autorizaciones a estas compañías. La noticia fue avanzada previamente por el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una rueda de prensa.
No volverán a conceder permisos
El Ayuntamiento ha asegurado que no volverán a conceder nuevas autorizaciones para este servicio, puesto que se habría comprobado “que el mercado no puede atender a las necesidades establecidas por el Ayuntamiento que garanticen la máxima seguridad posible para los ciudadanos”.
Uno de los motivos que ha llevado a la administración local a tomar esa decisión ha sido el hecho de que las operadoras han impedido la inspección del Ayuntamiento, sin aportar la información requerida o el acceso a la interfaz de dichas operadoras. Además, señala el Consistorio que no han llevado un despliegue equilibrado de los patinetes, concentrándose en el interior de la M-30. El equipo de gobierno local también denuncia la falta de cobertura en los seguros y la ausencia de tecnología que impida a los vehículos circular o estacionar en zonas prohibidas.
Con esta actuación desparecerán los patinetes de alquiler de la ciudad a partir del mes de octubre. Una vez iniciado el proceso de revocación de la autorización, las empresas tienen 20 días naturales para presentar las alegaciones oportunas.
